El plan de regularización fiscal del alojamiento turístico de Barcelona ha cerrado 150 expedientes y ha liquidado 835.200,76 euros mediante 457 liquidaciones del Impuesto sobre Actividades Económicas. La actuación revisa si las empresas que explotan viviendas o apartamentos turísticos están dadas de alta y tributan conforme a su actividad.

El programa se extenderá hasta 2028 y prevé inspeccionar 463 empresas relacionadas con 2.281 viviendas de uso turístico y 280 apartamentos. La cifra identifica el universo anunciado para el plan, no empresas ya sancionadas. Una comprobación puede terminar con regularización, sin cambios o con otras actuaciones según los datos del expediente.

Quién debe tributar por IAE

La revisión presta atención a empresas explotadoras cuya cifra de negocio supera un millón de euros anual. La inspección cruza datos de la Agència Tributària de Catalunya sobre el impuesto de estancias con censos municipales de actividades de alquiler y hospedaje. El intercambio permite localizar incoherencias que después deben comprobarse individualmente.

La fase actual incluye procedimientos sobre 99 entidades vinculadas a unas 1.300 viviendas y tres empresas que explotan 105 apartamentos turísticos. No debe sumarse ese subconjunto a las 463 empresas como si fueran grupos independientes: forma parte del plan general.

Más que dar un alta

Los expedientes pueden revisar el epígrafe del IAE, la superficie declarada, el número de alojamientos y la situación catastral. También permiten detectar obras que debieron tributar por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras o modificaciones con efecto en el IBI.

Las 457 liquidaciones ya practicadas han aumentado además el padrón anual del epígrafe en 220.302,94 euros. Esa cantidad es un efecto recurrente comunicado por el Ayuntamiento y distinto de los 835.200,76 euros liquidados en los expedientes cerrados. Mezclar ambas cifras inflaría el resultado.

Un plan en tres fases

El trabajo comenzó en el tercer trimestre de 2024 con cruces preliminares de información. La segunda fase desarrolla procedimientos de inspección y la tercera completará el resto de empresas hasta 2028. Cada actuación debe respetar plazos, audiencia y posibles recursos; el anuncio de una revisión no demuestra por sí mismo incumplimiento.

El plan convive con la decisión municipal de no prorrogar más allá de 2028 las licencias de viviendas de uso turístico. Son ámbitos diferentes: una licencia vigente no exime de obligaciones fiscales, y una liquidación tributaria no concede ni amplía una autorización urbanística.

El balance permite medir una parte del trabajo ya terminada. Para evaluar todo el programa habrá que conocer cuántos expedientes concluyen sin ajuste, qué importes quedan firmes y cómo evoluciona el padrón. Por ahora, los datos comprobados son 150 cierres, 457 liquidaciones, 835.200,76 euros y un horizonte de 463 empresas hasta 2028. La recaudación comunicada tampoco debe confundirse con una multa global al sector: procede de liquidaciones tributarias individualizadas. Cuando existan discrepancias, cada empresa puede usar las vías de alegación y recurso previstas. La colaboración entre administraciones facilita localizar actividades, pero la prueba y la motivación continúan siendo necesarias en cada expediente. El seguimiento público debería separar deuda propuesta, cobrada y firme para evitar conclusiones prematuras.