Catorce municipios de la provincia han puesto en marcha pactos locales contra la segregación educativa con apoyo de la Diputación de Barcelona. Son Canovelles, L'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Martorell, Masquefa, Mataró, Premià de Mar, Sabadell, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Just Desvern, Terrassa y Vic.
El conjunto abarca siete comarcas y reúne ciudades de tamaños y sistemas escolares diferentes. Un pacto local sirve para coordinar administración, centros y comunidad alrededor de objetivos propios; no existe una medida idéntica que pueda trasladarse sin adaptación entre todos los municipios.
La proximidad municipal
Los ayuntamientos participan en planificación, información a familias, escolarización y actividades fuera del horario lectivo. Su capacidad de respuesta debe coordinarse con el Departamento de Educación, responsable de competencias esenciales sobre oferta, admisión y centros. El pacto ordena compromisos sin alterar por sí solo esa distribución.
La Diputación ha publicado una guía para elaborar acuerdos y ofrece apoyo técnico. También impulsa oficinas municipales de escolarización, formación de equipos y materiales para que la elección de centro se base en información completa y no en rumores o jerarquías informales.
Un problema medido en primaria y secundaria
Las comarcas barcelonesas concentran el 70 % de los municipios catalanes con niveles más altos de segregación en primaria y el 83 % en secundaria, según el balance provincial. Estos porcentajes describen concentración territorial y no significan que siete de cada diez alumnos estén segregados.
La segregación aparece cuando alumnado con determinadas condiciones sociales o educativas se distribuye de forma muy desigual entre centros. Medirla requiere comparar composición escolar y entorno, seguir evolución y evitar señalar a niños, familias o escuelas concretas.
De la firma al cumplimiento
Un acuerdo puede incluir planificación equilibrada, acompañamiento en preinscripción, detección de necesidades, reparto de matrícula viva y acceso a actividades. La firma inicial no garantiza resultados. Son necesarios responsables, calendario, indicadores y publicación de avances.
Las familias deben recibir información clara sobre proyecto, servicios, apoyos y plazas. Una campaña no debería presionarlas ni ocultar necesidades reales; busca que la decisión no se base solo en reputación, origen del alumnado o información desigual.
El objetivo provincial es ampliar el número de municipios con pacto y reforzar alianzas con Educación. La comparación entre los catorce permitirá aprender qué medidas funcionan en contextos distintos. Para ello, la evaluación debe proteger datos individuales y publicar tendencias comprensibles.
Los pactos sitúan la equidad escolar como una responsabilidad compartida, no como problema de un único centro. Su valor se comprobará con una distribución más equilibrada y oportunidades fuera del aula. El inventario de agosto confirma catorce municipios; cada gobierno local debe explicar ahora objetivos, recursos y seguimiento de su propio acuerdo. Los indicadores deben observar varios cursos para evitar atribuir a una medida cambios debidos a demografía o apertura de grupos. También es importante escuchar a centros y familias sin convertir la evaluación en una clasificación pública que refuerce justo las jerarquías que pretende corregir. La transparencia debe explicar el sistema, no etiquetar a su alumnado.
