Barcelona instalará cerca de cien cámaras de videovigilancia en cinco zonas de elevada afluencia antes de que termine 2026. El reparto anunciado es de nueve en el paseo del Born, once en los Búnquers del Carmel, treinta en la Anella Olímpica, diecinueve en el Parc de Pegaso y treinta entre la Fira de Bellcaire y Fort Pienc.
El despliegue forma parte de las fases segunda y tercera del plan municipal. La ciudad dispone ahora de 186 cámaras de seguridad ciudadana operativas, después de incorporar 26 en la plaza de Catalunya y el frente marítimo. La cifra no incluye cualquier cámara de transporte, comercio o edificio privado, sino los dispositivos contabilizados dentro de este programa policial.
Autorizaciones y obras no avanzan siempre al mismo ritmo
Los emplazamientos requieren informes y autorización de los órganos competentes. El Ayuntamiento ya ha recibido un informe favorable para futuras cámaras en el Parc de la Guineueta, las plazas Àngel Pestaña y Roja y la plaza Universitat, pero espera la resolución que permite continuar la tramitación. Un informe favorable no equivale a un aparato instalado y grabando.
También están en ejecución seis cámaras en la avenida de la Catedral y veinte en la plaza Reial. La Rambla del Raval tiene previstas otras 21, con obra civil desde septiembre, y el sistema del edificio consistorial renovará treinta unidades y añadirá veintiuna. Cada grupo mantiene calendario y expediente propios.
Un plan de 500 nuevos dispositivos
El objetivo para 2027 es distribuir 500 cámaras nuevas en 34 espacios de los diez distritos, hasta alcanzar alrededor de 660 dispositivos de seguridad ciudadana. La selección, según el consistorio, utiliza análisis de delincuencia, vulnerabilidad, conflictos graves de convivencia y necesidades operativas.
Las cámaras pueden servir como elemento disuasorio, permitir visión en directo y aportar imágenes a investigaciones. No sustituyen presencia policial, iluminación, mediación ni políticas preventivas. Tampoco evitan por sí solas un delito: su utilidad depende de cobertura, respuesta, calidad de grabación y uso ajustado a la ley.
Privacidad y acceso a las imágenes
La videovigilancia del espacio público está sujeta a límites de finalidad, proporcionalidad, conservación y acceso. La existencia de una cámara debe señalizarse y el tratamiento de las imágenes no queda a libre disposición de cualquier servicio o particular. Las autorizaciones son parte de las garantías, no un trámite decorativo.
El anuncio distribuye números, pero no detalla en la nota la ubicación exacta de cada óptica ni su campo de visión. Esa cautela puede responder a seguridad y a que el proyecto técnico aún deba concretarse. Para valorar el plan será necesario conocer incidentes atendidos, requerimientos judiciales, mantenimiento, costes y controles de protección de datos.
La fase de 2026 añade casi un centenar de puntos en lugares muy distintos: ocio nocturno, miradores, grandes eventos, mercado y parque. La comparación futura deberá hacerse espacio por espacio. Hasta entonces, conviene separar las 186 cámaras ya operativas de las que tienen autorización, están en obra o siguen previstas. También será útil publicar incidencias técnicas y periodos fuera de servicio, porque una unidad instalada no siempre equivale a cobertura efectiva durante todo el año.
