La convocatoria municipal para incorporar viviendas privadas a la Bolsa de Viviendas de Alquiler de Barcelona y a otros programas sociales sigue abierta. La línea prevé 2.000 euros por una vivienda que formalice un nuevo contrato en esos programas y contempla otra ayuda, de hasta 6.000 euros, para determinados casos de impago. El plazo termina el 4 de diciembre de 2026, aunque el Consorcio de la Vivienda puede cerrar antes la admisión si se agota la disponibilidad presupuestaria.

La ayuda no está dirigida a quienes buscan piso ni funciona como una subvención general para pagar el alquiler. Pueden solicitarla las personas físicas o jurídicas propietarias de viviendas del mercado privado que las pongan a disposición de la Bolsa municipal o de otros programas sociales de Barcelona. El objetivo es facilitar que esos pisos pasen a un alquiler gestionado dentro de esos circuitos, bajo las condiciones previstas en la convocatoria.

Dos líneas con cuantías y situaciones distintas

La primera línea fija una subvención de 2.000 euros para cada vivienda susceptible de formalizar un contrato de alquiler mediante la Bolsa de Viviendas de Alquiler de Barcelona u otro programa social de la ciudad. La convocatoria exige que el nuevo contrato se haya firmado desde el 1 de enero de 2025 y que se formalice en el marco del programa correspondiente. El Consorcio reconoce el derecho al cobro cuando ese contrato queda formalizado y existe un informe favorable del servicio competente, cuando corresponda.

La convocatoria contempla también viviendas con rentas impagadas. La cuantía de hasta 6.000 euros se aplica a la línea de viviendas con un procedimiento judicial en marcha, no es una compensación automática por cualquier deuda. En ese supuesto, el importe mensual del contrato no puede superar los 1.000 euros y la Oficina de Vivienda debe emitir un informe favorable. La cuantía se calcula a partir del importe que figure en la sentencia o el decreto. Si todavía no existe una resolución judicial, se toma como referencia la deuda que aparece en la demanda. En ambos supuestos también pueden contarse mensualidades que sigan sin pagarse hasta la firma del acuerdo para incorporar el piso al programa.

Las bases también incluyen viviendas sin procedimiento judicial por impago entre las situaciones que pueden acceder a la convocatoria. Esa mención no permite atribuirles automáticamente la cuantía máxima prevista para la línea judicial. En cualquiera de las vías, la persona propietaria debe cumplir los requisitos generales, aportar la documentación específica que corresponda y poner la vivienda a disposición de un programa social de la ciudad. La Oficina de Vivienda tramita el informe y la cuantificación del importe cuando resulta necesario.

Quién puede solicitarla y qué debe comprobar

La solicitud puede presentarla la persona propietaria, sea física o jurídica. Si hay varios titulares, todos deben firmarla. En el caso de una agrupación sin personalidad jurídica propia, debe presentarla su representante o apoderado único, y cada integrante tiene que cumplir las condiciones exigidas. Solo se admite una solicitud por vivienda.

Entre los requisitos generales figuran estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento, así como de las obligaciones con la Seguridad Social. La persona solicitante tampoco puede estar incursa en las prohibiciones generales para recibir subvenciones. Quien haya cobrado esta ayuda por la misma vivienda debe esperar al menos tres años antes de volver a pedirla, salvo que el programa municipal justifique una excepción por interés socioeconómico.

La convocatoria también limita la compatibilidad. No se pueden acumular estas subvenciones con otras ayudas públicas o privadas que tengan la misma finalidad. Las dos líneas de la propia convocatoria son incompatibles entre sí. Además, si el propietario solicita la cobertura de impago Aval lloguer de la Generalitat, debe renunciar a ella antes de obtener esta subvención.

Tramitación, documentación y límites

Las solicitudes se presentan en impreso normalizado y pueden tramitarse en cualquiera de las Oficinas de Vivienda de Barcelona. La documentación general incluye el DNI, NIE o NIF de quien solicita, una nota simple o escritura que acredite la propiedad, los datos bancarios y la autorización para que el Consorcio consulte información relacionada con el expediente. El informe de la Bolsa o del programa social se tramita de oficio. En determinados casos, parte de la documentación ya disponible en la Administración no debe volver a presentarse.

Si la ayuda se solicita por un impago con procedimiento judicial, se añade el contrato de arrendamiento y, cuando exista, la demanda, sentencia o decreto. También debe presentarse un documento que detalle la deuda, firmado por la propiedad y validado por el Consorcio. Si la subvención no cubre todo el importe adeudado, las bases exigen acreditar la renuncia a reclamar posteriormente el resto de esa deuda.

La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 315.000 euros, repartida entre 300.000 euros del presupuesto de 2026 y 15.000 euros de 2027. El texto autoriza al gerente a modificarla hasta un máximo de 800.000 euros, según las necesidades y la disponibilidad presupuestaria. Por tanto, presentar una solicitud no garantiza el cobro: la concesión depende de que se cumplan todos los requisitos y de que exista crédito disponible.

El plazo previsto llega al 4 de diciembre, pero el Consorcio puede adelantar el cierre mediante una resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya si el presupuesto disponible lo requiere. A quienes valoren incluir una vivienda les conviene comprobar el estado de la convocatoria y los formularios vigentes en el Consorcio de la Vivienda antes de preparar la documentación. El programa sirve para conectar una vivienda privada con vías municipales de alquiler social, pero no sustituye la revisión de las condiciones del contrato ni convierte la ayuda en un ingreso asegurado para cualquier propietario.