La acampada por la vivienda en la plaza de Catalunya cumple tres semanas este viernes, 23 de octubre, con una decisión municipal ya tomada sobre la petición de desalojo: la propuesta del PP no salió adelante en la comisión de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento. La instalación sigue activa y la distancia entre el recuento municipal y el de sus organizadores muestra que ni siquiera su tamaño está cerrado: el Ayuntamiento contabiliza 360 tiendas, mientras que la organización sostiene que hay más de 600.

El debate de esta semana no ha resuelto cuánto tiempo seguirá el campamento ni cómo se atenderán las necesidades de quienes duermen allí. Sí deja dos hechos concretos: el consistorio no respaldó una retirada inmediata y una parte de las farolas quedó sin suministro después de que los servicios municipales detectaran una conexión eléctrica irregular que Bomberos consideró peligrosa. La protesta y la intervención de seguridad avanzan, por ahora, en paralelo.

Una petición de desalojo que no reunió apoyos

El PP llevó la petición a la comisión municipal el miércoles 21 de octubre. Planteaba poner fin a la acampada y retirar las tiendas. La iniciativa contó con el apoyo de Vox y la abstención de Junts, pero fue rechazada con los votos contrarios del PSC, Barcelona en Comú y Esquerra Republicana. Por tanto, el Ayuntamiento no aprobó el desalojo inmediato solicitado por los populares.

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, defendió que una intervención inmediata sería irresponsable y que el Ayuntamiento debe compatibilizar el derecho de manifestación con la libre circulación y el uso del espacio público. También afirmó que la Guardia Urbana está preparada para actuar si llega a considerarse necesario. Esa disposición no equivale a una decisión de desalojar: a fecha de 23 de octubre, el gobierno municipal no había anunciado una fecha ni un operativo para retirar el campamento.

La discusión municipal no se limita a elegir entre mantenerlo o levantarlo. Los grupos también han puesto sobre la mesa cuestiones de convivencia y salubridad, mientras que el gobierno local sostiene que debe respetar la protesta y conservar la actividad normal de la plaza y de las calles próximas. La votación de la comisión resuelve el resultado de una propuesta concreta, pero no establece por cuánto tiempo permanecerá la acampada ni un marco operativo definitivo para el espacio.

Dos recuentos para un mismo campamento

La cifra de tiendas es uno de los datos que más separa a las partes. La organización habla de más de 600, frente a las 360 que atribuye al Ayuntamiento. Las fuentes discrepan de forma clara: la estimación del Ayuntamiento es de 360 tiendas y la de la organización supera las 600. Son estimaciones distintas, no un recuento conjunto ni cifras que puedan sumarse. La distancia entre ambas supera las 240 tiendas, aunque esa diferencia no permite determinar cuál de las dos se acerca más al número real. La superficie ocupada tampoco significa que todo el espacio esté cubierto por tiendas: el campamento se ordena en círculos concéntricos y tiene vallas, con dos puntos de entrada y salida, según la descripción publicada el 23 de octubre.

La acampada comenzó la noche del 29 de septiembre, después de otras protestas por el acceso a la vivienda. Al principio, se organizó mediante asambleas y grupos de trabajo. Con el paso de las semanas, sus participantes añadieron espacios de cocina, almacenamiento de alimentos y ropa, higiene, atención sanitaria y talleres. La portavoz de la acampada explica que la cocina también atiende a personas sin hogar que se acercan a pedir comida. Este funcionamiento describe la organización interna que relatan sus integrantes, no un servicio municipal ni un dispositivo de asistencia pública.

El Sindicato de Inquilinas se incorporó a la protesta después de su inicio, pero se retiró para concentrarse en la preparación de la huelga general del 11 de noviembre. Su salida modificó quién participa en la organización, aunque no supuso el final del campamento. Quienes permanecen en la plaza aseguran que no tienen intención de marcharse y plantean ampliar el recinto. Esa voluntad es una posición de los acampados, no una garantía sobre la duración de la protesta.

El corte de luz y la solicitud de servicios

El Ayuntamiento desconectó parte de la iluminación de la plaza después de que los Bomberos detectaran una conexión irregular a la red eléctrica, realizada de forma precaria y sin garantías técnicas. El consistorio justificó la decisión por seguridad y prevención de riesgos. La organización, por su parte, rechazó que los participantes hubieran hecho la conexión y planteó que cualquiera puede entrar en el espacio. La atribución de la instalación irregular procede de la información municipal. No se ha publicado una identificación de la persona que la realizó.

Los acampados habían solicitado el 7 de octubre acceso a electricidad, agua potable y aseos. A través de su portavoz, aseguran que el Ayuntamiento todavía no había contestado a esa petición al cierre de la información del 23 de octubre. La desconexión de la línea irregular no resuelve por sí sola la demanda de servicios, y la existencia de baños portátiles, una ducha y puntos de higiene en el campamento tampoco acredita que el consistorio haya asumido su suministro.

La falta de luz ha abierto otra preocupación dentro de la protesta. La portavoz sostiene que la oscuridad aumenta el riesgo de agresiones y robos. Esa valoración pertenece a la organización. El Ayuntamiento ha explicado el corte desde la prevención de un posible accidente eléctrico. Son dos preocupaciones diferentes: una se refiere al riesgo de la instalación y la otra a la seguridad cotidiana de las personas en la plaza.

Qué queda abierto en plaza de Catalunya

La comisión municipal no aprobó retirar las tiendas el 21 de octubre. El gobierno local tampoco ha fijado en esa votación una fecha de salida, y los participantes mantienen su decisión de continuar. La Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra siguen pendientes de la situación, según las declaraciones municipales recogidas por los medios. Los Mossos han activado unidades de mediación para comprobar si hay interlocutores con quienes hablar.

También permanece sin respuesta pública confirmada la solicitud de electricidad, agua y aseos que los acampados dicen haber presentado el 7 de octubre. Las cifras enfrentadas de 360 y más de 600 tiendas seguirán siendo atribuibles a quien las proporciona mientras no exista una medición compartida. Para los vecinos y quienes atraviesan la plaza, el dato práctico es que el espacio continúa delimitado y con accesos concretos, mientras el Ayuntamiento no ha anunciado una intervención inmediata.

La acampada transforma el uso cotidiano de uno de los principales puntos de paso del centro, pero el debate municipal sigue abierto. El rechazo de una propuesta de desalojo no es una autorización indefinida ni anuncia una actuación posterior. A 23 de octubre, la decisión política conocida es mantener la gestión de la situación sin ejecutar la retirada inmediata que pidió el PP, mientras se mantienen las conversaciones y el seguimiento de seguridad.