El mandato de cinco años que David Bondia inició en la Sindicatura de Greuges de Barcelona el 7 de octubre tendrá la vivienda y el sinhogarismo entre sus prioridades. En una entrevista publicada el 11 de octubre, el síndic situó el objetivo de ayudar a 200 personas a salir de la calle en 18 meses mediante una experiencia piloto en un barrio de Barcelona y otro de L’Hospitalet. La cifra describe la meta que Bondia atribuye al Pla Zero Carrer: no es un resultado alcanzado ni acredita que haya 200 plazas disponibles.

Dos barrios y una meta que aún debe concretarse

Bondia explicó a La Vanguardia que la Sindicatura ya ha presentado el proyecto al Ayuntamiento y que quiere ponerlo en marcha en un barrio de Barcelona y en otro de L’Hospitalet de Llobregat. Con 100 personas previstas en cada una de las dos zonas, el objetivo suma 200 en 18 meses, pero es una meta, no un resultado logrado. El plazo y el verbo “podemos” expresan una expectativa de trabajo, no una garantía de resultado.

La nota institucional publicada por la Sindicatura el 7 de octubre también incluyó el Plan Zero Carrer entre las propuestas para el nuevo mandato. Lo describió como una iniciativa para abordar el sinhogarismo con colaboración entre administraciones, entidades y sector privado y avanzar desde la respuesta a la emergencia hacia soluciones de vivienda. Ni esa comunicación ni la entrevista precisan el barrio elegido, el calendario de arranque, el presupuesto, el número o tipo de alojamientos, las condiciones de acceso o el modo de medir la continuidad de cada solución. Son datos que tendrán que acompañar cualquier evaluación del objetivo.

El contexto estadístico ayuda a dimensionar el reto, aunque no permite medir el estado actual ni comparar sin matices cifras obtenidas con métodos distintos. La diagnosis 2024 de la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona recoge que el servicio municipal SASSEP estimó que 1.245 personas dormían en la calle en mayo de 2024; el mismo informe contabilizó 2.860 personas alojadas en recursos residenciales de la red. En otro recuento, realizado la noche del 3 de diciembre de 2025, la fundación Arrels detectó a 1.982 personas durmiendo al raso. El primero se apoya en estimaciones de los servicios municipales durante mayo y el segundo en una observación nocturna de voluntariado; las fechas y la metodología no son equivalentes y no deben leerse como una serie homogénea.

Vivienda y mediación en el nuevo mandato

En la toma de posesión, Bondia defendió el “derecho a vivir bien en la ciudad” y reclamó situar la vivienda entre los pilares del bienestar. En la entrevista vinculó ese principio con la posibilidad de permanecer en Barcelona en condiciones dignas y con disponer de una vivienda adecuada a los recursos de cada persona. Presentó vivienda y sinhogarismo como dos de los grandes desafíos del mandato, una agenda que rebasa la atención de quejas individuales y pone el foco en cómo responde la administración municipal.

La segunda propuesta concreta que mencionó es crear una oficina de mediación. Bondia dijo que la incluyó en su programa para facilitar acuerdos cuando los conflictos se enquistan. Citó conversaciones en torno a edificios residenciales y recordó intervenciones anteriores en las que la Sindicatura participó al estar implicado el Ayuntamiento. La oficina aparece como una propuesta de organización para los próximos años: la entrevista no anuncia una fecha de apertura, una dotación ni un procedimiento ya disponible para los vecinos.

Ese matiz importa porque la Sindicatura no sustituye a los servicios de vivienda, a los servicios sociales ni a los juzgados. Su propia explicación de funciones indica que puede intervenir cuando una queja afecta a la administración local o a un servicio en el que participa el Ayuntamiento, y que también puede iniciar una investigación por iniciativa propia. Puede recomendar cambios o proponer fórmulas de acuerdo, pero no actúa como mediadora en un conflicto puramente privado entre dos particulares sin conexión municipal. Bondia reconoce esa frontera en la entrevista al explicar que su mediación administrativa requiere que el Ayuntamiento esté implicado.

Qué puede hacer la ciudadanía

La institución mantiene un canal para que personas físicas y jurídicas presenten quejas sobre actuaciones municipales. La tramitación es gratuita y no exige abogado ni procurador, según la información pública de la Sindicatura. Presentar una queja tampoco detiene los plazos administrativos o judiciales, por lo que quien esté valorando recurrir una decisión debe seguir atendiendo esos plazos por la vía correspondiente. Si el caso no entra en sus competencias, la entidad dice que puede orientar sobre otras gestiones.

Bondia fue reelegido por el Pleno del Consejo Municipal el 24 de julio con el apoyo de más de dos tercios de los 41 concejales; antes había sido el candidato más votado en la consulta ciudadana de junio en la plataforma Decidim. La toma de posesión del 7 de octubre abrió el nuevo periodo de cinco años. Para valorar su desarrollo, los próximos datos decisivos serán si el Ayuntamiento concreta el piloto, qué recursos y alojamientos implica, qué resultados se publican al cabo de 18 meses y si la oficina de mediación pasa de propuesta a servicio con acceso y competencias definidos.