Ocho de cada diez personas entrevistadas por Arrels Fundació en 2025 afirmaron haber sufrido algún delito, agresión o discriminación desde que viven en la calle en Barcelona. El porcentaje, 83,3%, corresponde a 670 personas participantes en el estudio. Describe experiencias acumuladas a lo largo de su trayectoria en la calle, no los sucesos ocurridos únicamente durante 2025 ni una tasa anual de criminalidad.

La precisión sobre el periodo cambia la lectura de la cifra. El informe pregunta por vivencias sufridas mientras la persona ha estado sin hogar, por lo que puede incluir hechos de distintos momentos. Tampoco es un recuento policial ni un registro de denuncias. Es el resultado de una encuesta a personas localizadas y dispuestas a responder, con un alcance propio. Presentarlo como el porcentaje de toda la población que vive en la calle en Barcelona, o como una medición anual de delitos, excedería lo que permiten los datos.

Qué preguntó el estudio

La investigación de Arrels se hizo en junio de 2025 y entrevistó a 670 personas adultas que habían dormido en la calle la noche anterior en Barcelona. La recogida de respuestas combinó entrevistas en recursos sociales y en el espacio público, con presencia en los distintos distritos. El informe usa además datos de una investigación anterior, realizada en 2023 con 685 personas, para describir resultados de dos momentos.

Ese diseño permite escuchar experiencias de personas en situaciones de calle que entran en contacto con servicios o que pueden ser entrevistadas en espacios públicos. No garantiza que todos los perfiles estén representados por igual. Quienes no usan recursos, evitan los lugares donde se hizo el trabajo o viven situaciones menos visibles pueden quedar fuera. La cifra de 83,3% debe leerse como la proporción dentro de la muestra encuestada, no como una estimación exacta de cuántas personas de toda la ciudad han sufrido violencia.

El informe incluye distintas formas de victimización. Cerca de seis de cada diez personas entrevistadas dijeron haber sufrido insultos, humillaciones o amenazas. Entre quienes respondieron a la pregunta sobre agresiones físicas, el 48,4% indicó haberlas experimentado. Los denominadores específicos de cada pregunta pueden variar, así que estos porcentajes describen respuestas a cuestiones concretas y no deben sumarse entre sí ni tratarse como categorías excluyentes.

La encuesta también registra diferencias por género en las respuestas sobre agresiones sexuales: las mencionaron el 41,4% de las mujeres y el 4,6% de los hombres del grupo que respondió a esa cuestión. Son proporciones dentro de la muestra y proceden de una pregunta sensible, con un tamaño de respuesta distinto al total de entrevistas. No permiten extrapolar una cifra para todas las mujeres u hombres que viven en la calle, pero sí muestran que el informe detectó experiencias muy distintas entre los grupos participantes.

Aporofobia y denuncia son cuestiones distintas

Una parte de las personas encuestadas relacionó algunas agresiones con el hecho de vivir en la pobreza o en la calle. El informe recoge indicadores de motivación aporofóbica, es decir, de rechazo o violencia dirigido a alguien por su situación de pobreza. Esa atribución se basa en la experiencia y las respuestas de la persona entrevistada. No equivale a una calificación judicial del delito ni significa que todos los casos recogidos por el 83,3% tuvieran ese motivo.

El estudio señala también que una parte importante de los actos de victimización no llega a denunciarse. La decisión de no denunciar puede depender de varias razones, entre ellas la falta de confianza en que el trámite sirva, el temor a no ser tomado en serio o las dificultades prácticas de sostener el proceso mientras se vive sin un espacio propio. El dato de infradenuncia apunta a que los registros oficiales no contienen toda la experiencia descrita por las personas encuestadas, aunque por sí solo no cuantifica los hechos que no llegan a conocerse.

Esta diferencia es relevante para interpretar las estadísticas públicas. Una denuncia mide hechos comunicados a las autoridades bajo sus categorías y procedimientos. Una encuesta de victimización pregunta directamente por experiencias, incluso cuando no se denunciaron. Ambos instrumentos ofrecen información distinta. Compararlos como si midieran el mismo universo produciría una conclusión engañosa sobre la frecuencia de las agresiones.

Dos mediciones no demuestran una tendencia automática

En la muestra de 2023, el 86,9% de las personas entrevistadas dijo haber sufrido algún delito, agresión o discriminación durante su trayectoria en la calle. La cifra de 2025 fue del 83,3%. La diferencia bruta entre ambas muestras es de 3,6 puntos porcentuales. Esa resta no permite concluir por sí sola que la victimización haya bajado en Barcelona. Son dos muestras de personas entrevistadas en momentos distintos, y el indicador recoge experiencias acumuladas, no casos nuevos ocurridos en cada año.

Para evaluar una tendencia haría falta comparar los métodos, las preguntas, la composición de las muestras y los periodos de exposición, además de considerar quién pudo participar. El informe presenta resultados de ambos años, pero las cifras no equivalen a un seguimiento de las mismas personas. Por eso, la comparación sirve para situar el alcance de las respuestas recogidas, no para atribuir una mejora o un empeoramiento a una política concreta.

El valor de la investigación está en hacer visible una parte de las experiencias que no siempre aparece en los registros administrativos y en describir cómo se producen según las respuestas de quienes las han vivido. Para servicios sociales, entidades de atención y responsables públicos, la información puede orientar preguntas sobre seguridad, acceso a recursos y mecanismos de denuncia. La encuesta, sin embargo, no identifica por sí sola una única causa ni evalúa la eficacia de una intervención específica.

La cifra central exige dos límites claros: se refiere a 670 personas entrevistadas en Barcelona y resume experiencias a lo largo de su vida en la calle. Con esa lectura, el dato muestra la extensión de la violencia relatada por la muestra sin convertirla en una tasa anual o en una medida directa de aporofobia. Esa distinción permite atender el problema y discutir respuestas públicas sin atribuir a la investigación conclusiones que no ha medido.